El Consejo de la Abogacía de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco, a instancias del Instituto de Géneros, manifiesta su repudio y rechazo a la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, de suprimir la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, instando a los demás poderes, a resguardar los derechos de las mujeres y personas LGTBQI+, conquistados a lo largo de 40 años de democracia.
El Estado argentino ha asumido históricamente un compromiso en el marco de acuerdos internacionales, para abordar la violencia de género a través de políticas públicas. En este sentido, ha ocupado un lugar privilegiado, al ser pionero en la adopción de medidas contra la discriminación y la violencia hacia mujeres y personas LGBTQI+, convirtiéndose en un referente a nivel global.
Sin embargo, el reciente cierre de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género por parte del gobierno nacional, bajo el pretexto de transformación y reducción del Estado, pone en riesgo el cumplimiento de estas obligaciones. Sin los órganos especializados, el personal y el presupuesto necesarios, el Estado argentino no podrá diseñar e implementar políticas adecuadas para prevenir y sancionar estos actos de violencia. Los datos oficiales indican que una mujer muere cada 35 horas en la República Argentina, y que una de cada dos mujeres, ha sufrido o sufre violencia de género, sin que existan estructuras estatales eficientes para hacer frente a esta problemática. Estas cifras demuestran que la violencia por motivos de género sigue siendo un problema grave y muy lejos de estar resuelto, resultado de una realidad tangible y no de una cuestión ideológica.
Asimismo, solicitamos que desde el Estado se profundicen acciones de promoción y prevención en derechos humanos de mujeres, géneros y disidencias, para evitar más femicidios, travesticidios y lesbicidios en el país, cuyas cifras son alarmantes y van en aumento.
