El Consejo Profesional de la Abogacía de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia del Chaco rechaza las manifestaciones del Ministro de Justicia de la Nación referidas al supuesto y erróneo cambio producido en materia de sucesiones y divorcios, aclarando a la población que la ley Nacional Nro. 27742 conocida como “Ley de bases…¨ no modifica el Código Civil y Comercial en estas materias, permaneciendo por tanto la vigente tramitación enteramente judicial en resguardo de los derechos implicados en esas relaciones jurídicas. No existiendo modificación legal y siendo una materia delegada exclusivamente al Congreso de la Nación en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, sería inconstitucional pretender introducir modificaciones en esa materia por vía de la reglamentación que corresponde al Poder Ejecutivo solo para ejecutar la ley y sin desnaturalizarla conforme lo establece el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional. Es necesario alertar a las ciudadanía que las sucesiones y los divorcios no son procedimientos administrativos sino judiciales porque pueden verse afectados derechos que requieren el debido proceso legal y la intervención imparcial que solo asegura la magistratura dotada de las garantías de independencia para ello.
Por otra parte las leyes arancelarias que establecen los honorarios de abogada/os son materia reservada a las Provincias y compete por tanto su reglamentación exclusiva a las Legislaturas provinciales en el ámbito de la actuación judicial local. Esos honorarios son además la justa retribución por el trabajo profesional por lo que gozan igualmente de la protección constitucional que otorga el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Asimismo repudiamos los hechos de violencia denunciadas por la Sra. Fabiola Yañez que tienen la gravedad y vergüenza adicional de haber sido presuntamente cometidos por un ex presidente de la Nación, en ocasión del ejercicio de esa alta función. Por ello reclamamos una profunda investigación de los hechos ocurridos y la proporcional sanción que no puede dejar lugar a dudas que en nuestro País todos estamos sometidos a la ley y comprometidos con la lucha y erradicación de las violencias contra la mujer.
